Las principales autoridades y dirigentes políticos de Tierra del Fuego se manifestaron contra de las desregulaciones económicas incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei.
El gobernador Gustavo Melella aseguró que, con esa norma, el mandatario “ha equivocado el rumbo”; planteó que “la situación es compleja y estas medidas la agravan más”; y le solicitó que “busque el camino del desarrollo, de la generación de empleo, de la distribución de la riqueza”.
“La quita de derechos nos conduce al abismo”, sostuvo el mandatario a través de la red social X, en la que afirmó que las iniciativas expuestas en el DNU “se debatan democráticamente como leyes presentadas formalmente en el Congreso Nacional”.
Por su parte, el intendente de la ciudad de Río Grande, Martín Pérez, sostuvo que el “el Estado tiene tres poderes” y que “el Ejecutivo Nacional acaba de decretar un vaciamiento del país”.
“El sistema está siendo puesto a prueba por la irresponsabilidad de un gobierno liberal. Ahora es el turno de los poderes Legislativo y Judicial para sostener el estado de derecho, la seguridad jurídica y que nuestra economía no se hunda junto con millones de empleos”, opinó el jefe comunal.
“El sistema está siendo puesto a prueba por la irresponsabilidad de un gobierno liberal. Ahora es el turno de los poderes Legislativo y Judicial para sostener el estado de derecho”.
En tanto, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, consideró que los anuncios del Presidente buscan “cambiar la forma en que los argentinos y las argentinas nos desarrollamos social y económicamente, de forma unilateral”.
“Entendemos que es momento de convocar a un consejo económico y social para analizar el detalle de los alcances del DNU. Vamos a recurrir a cada instancia judicial y política para defender los intereses de cada vecino y vecina de nuestra provincia”, escribió Vuoto en X (antes Twitter).
Las críticas al decreto presidencial se focalizaron en cómo influirá en la industria promocionada de la Isla, que si bien no fue derogada expresamente, se vería afectada por la apertura desregulada de los productos importados.
“Es el momento de encontrarnos unidos en defensa de nuestra soberanía, nuestra industria y cada puesto de trabajo de los fueguinos”, mencionó, por ejemplo, Vuoto.
A su vez, la exgobernadora Rosana Bertone deslizó que la provincia puede ser “especialmente perjudicada” y llamó a “dejar todas nuestras diferencias de lado y unirnos en la defensa de nuestra industria y de sus puestos de trabajo”.
En la misma línea, la exdiputada Carolina Yutrovic evaluó que si bien el DNU “no toca” la ley 19640 de promoción económica y fiscal en la provincia, ni el subregimen industrial, “el artículo 142 significa la apertura indiscriminada de importaciones. No solo la industria fueguina está en peligro, sino que toda la industria nacional va a ser destruida como en los noventa”, opinó.
A nivel gremial, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) emitió un comunicado en el que “repudia” el conjunto de medidas “ilegítimas e inconstitucionales anunciadas por el presidente de la Nación por cadena nacional”.
En la provincia también se generaron cacerolazos tras la finalización de la cadena nacional donde fue comunicado el contenido del DNU.
Las manifestaciones se produjeron tanto en la ciudad de Río Grande, sede de la mayor parte del parque industrial fueguino, como en Ushuaia, la capital provincial.
