El aumento del 4% que habían preparado YPF y el resto de las petroleras para el tercer día del año fue suspendido por pedido del Ministerio de Economía y la suspensión del cobro del tributo creado por la ley 23.966 hasta por lo menos abril de 2023. La decisión final, aún incierta.
Las petroleras habían acordado con el Gobierno Nacional un cronograma de aumentos mensuales de 4% entre diciembre y febrero, y de 3,8% en marzo con negociación para abril dependiendo la inflación trimestral alcanzada, esto como parte de la estrategia del Ministerio de Economía para “estabilizar” la aceleración de precios que vive el país desde hace varios años. El primer ajuste se aplicó el 3 de diciembre y las petroleras tienen previsto volver a ajustar sus precios el próximo martes 3 de enero.
Sin embargo, los funcionarios de la cartera de economía están gestionando con YPF, la petrolera controlada por el propio gobierno, que el incremento de precios se difiera hasta mediados de enero. Como la empresa controla casi un 60% del mercado de naftas y gasoil se sobreentiende que si YPF no aumenta el resto —Axion Energy, Raízen y Puma— no podrá hacerlo.
En el gobierno reconocen que en enero está previsto un aumento de 4%, pero afirman que no se explicitó que tenía ser a principios de mes. Por eso, en las últimas horas pidieron que esperen una o dos semanas hasta instrumentar la suba. La decisión final, sin embargo, aún es incierta y dependerá, en gran medida, de qué posición tome la línea política de YPF encabezada por Pablo González. Si prima la intención de cuidar los números de la compañía, debería actualizar los precios en los surtidores en las próximas horas. Si se impone la visión política de acompañar la línea que bajan desde el Ministerio de Economía, es probable es que la suba se postergue.
La negociación que se llevó adelante a fines de noviembre fue tensa y terminó derivando en un acuerdo de palabra. Por lo tanto, no está explicitado en ningún documento cuándo deben aumentar los combustibles. Sí está confirmado que en las próximas horas la Secretaría de Energía publicará en el Boletín Oficial que la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que estaba prevista para el 1 de enero de 2023, se postergará por tres meses.
Por otra parte, El gobierno nacional tomó la medida de prorrogar l impuesto a los combustibles creado en la ley 23.966, cuyos efectos se trasladarían directamente a los precios.
La norma, sancionada en 1998, creó un tributo que se suma al precio de los combustibles líquidos y el gas natural, con el argumento de financiar fondos de Viviendas e infraestructura en todo el país. Impone montos fijos que se calculan sobre unidades de medida de los productos derivados de petróleo y que se van actualizando en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide INDEC.
Desde el primer trimestre de 2021, el gobierno nacional tomó la decisión de suspender la aplicación de ese tributo, observando que de esta forma se podía aminorar el aumento sistemático de los combustibles en un marco de inflación generalizada.
el cobro de este tributo quedaría relegado, al menos, hasta el 1° de abril de 2023, según la disposición oficializada este viernes 30 de diciembre en el Boletín Oficial. La prórroga fue establecida mediante el decreto 864/2022 y lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Juan Manzur y el ministro de economía, Sergio Massa.
Año electoral
Las petroleras habían pedido inicialmente que les dejaran aumentar en los primeros meses del año porque sabían que a medida que se acerquen las elecciones presidenciales va a ser cada vez más difícil hacerlo. Sin embargo, el ministro Sergio Massa les dijo que la apuesta oficial consiste en tratar de desacelerar los precios lo más posible a comienzos de año porque cuanto más se tarde en bajar la inflación menos chances electorales tendrá el oficialismo.
Los empresarios exigieron en ese momento que el dólar oficial tampoco subiera por encima del 4% durante ese período. Massa les dijo que en diciembre iba a ser difícil cumplir ese pedido, pero prometió que luego la tasa de devaluación se iba a ir desacelerando. Si no cumple, está previsto que se vuelvan a sentar a negociar en febrero. Sin embargo, la negociación se adelantó porque ahora el gobierno les pide que demoren la aplicación de ese 4% que las empresas habían aceptado a regañadientes.
