Por presunta vinculación con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner desde el Frente de Todos buscan la salida del diputado macrista de la Cámara Baja.
Diputadas nacionales del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley enmarcado en el artículo 66 de la Constitución Nacional donde se pide excluir al legislador del PRO, Gerardo Milman, por “inhabilidad moral”.
El proyecto está firmado por las diputadas nacionales Carolina Moisés, Hilda Clelia Aguirre, Mara Brawer, Mónica Macha y Carolina Yutrovic, sostiene que los hechos que se investigan contra Milman en la justicia “sin duda tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de la Nación Argentina” y considera que “su presencia en este cuerpo lo degrada y lo devalúa”.
En esa misma línea, el presidente del bloque del Frente de Todos (FdT) de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, había asegurado que en el cuerpo se avanza en una investigación para determinar si Milman incurrió en alguna “inhabilidad moral”.
“Estamos siguiendo cada uno de los elementos nuevos que aparecen alrededor de la conducta de Milman para que eso pueda sustanciar un expediente en Diputados que cuente con el análisis necesario”, afirmó Martínez.
Milman se encuentra bajo investigación en la causa que se sigue por el intento de asesinato contra la Vicepresidenta luego de que un testigo asegurara haberlo escuchado decir “cuando la maten voy a estar camino a la costa”, dos días antes del atentado en un bar ubicado a metros del Palacio Legislativo.
Entre otras cuestiones, en el proyecto, las diputadas hacen referencia además a una serie de “inconductas” del diputado Milman, entre ellas, hacen mención al “involucramiento de Milman en el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”.
Asimismo, las diputadas argumentan el pedido de inhabilidad moral una serie de asesoramientos de Milman en temas de seguridad del diputado, entre ellos hacen mención a que el 1 septiembre de 2022 le facturó por “servicios de coordinación organizativa” al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, entidad que preside Patricia Bullrich y él mismo integra”.
También, hacen referencia al “uso de un vehículo cuya titularidad posee un contratista del Estado” y consideran que esa situación “entra en conflicto de intereses con su rol como miembro de la Comisión de Seguridad de esta Honorable Cámara, tal como se desprende del art. 15 de la Ley N° 25.188 de Ética Pública referido al deber de abstenerse de intervenir respecto de cuestiones particularmente relacionadas con su interés particular”.
Finalmente, las diputadas destacan “los sospechosos contratos de alquiler del diputado Milman, por resultar inexplicables en relación a sus ingresos como diputado nacional”, y entre los mismos se encuentran una casa de fin de semana en Exaltación de la Cruz en un club exclusivo por el cual pagó USD 37.000 por nueve meses y expensas por $120.000 y una casa en Pinamar por USD 12.000 por mes.
