El Juzgado de Recursos dictó la falta de mérito a los tres imputados de la Federación denunciados por el Sindicato de Petroleros Privado de Santa Cruz en 2016. Esto permitió la revocación de los procesamientos. ¿Será Justicia?
Claudio Vidal, actual secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz, denunció el 16 de junio de 2016 a los miembros de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles que intervinieron el gremio entre el 26 de abril de 2011 y el 28 de abril de 2013 por defraudación. La causa lleva por carátula: “Juzgado Federal s/ remite actuaciones Sindicato Petroleros Privado. Expte. 70.075/19”.
Los asesores letrados del SPyGPSC demostraron con pruebas acreditadas en el expediente que la Federación realizó una serie de delitos durante la intervención -defraudación por administración fraudulenta reiterada -art. 173 inc. 7 CP- que perjudicaron a los trabajadores y al gremio. Según las auditorías realizadas por diferentes empresas se pudo comprobar que los aportes sindicales abonados a la Federación no se rindieron al Sindicato, ni fueron consignados en el estado contable y financiero correspondiente.
Durante años el Fiscal de la causa logró obtener, mediante diligencias probatorias en la instrucción, pruebas informativas, documentales y también testimoniales que demostraban los delitos. Así fue que en 2018 citaron a prestar declaración indagatoria a los primeros imputados, Sres. Alberto Roberti – fallecido- y Julio Miranda, y luego se amplió el llamado a indagatoria a más imputados: Carlos Omar Flaquier, Juan Oscar Barrientos, David Enrique Castro, Pedro Segundo Milla, Pablo Andrés Méndez. Después de ser analizadas las declaraciones indagatorias, estas personas fueron imputadas como coautores de administración fraudulenta en contra del Sindicato.
En el año 2019 los abogados defensores interpusieron nuevas trabas que atrasaron y entorpecieron la causa. Pese a todos estos embates, y luego de más de 3 años desde el inicio, el Juez de Instrucción resolvió ordenar el procesamiento de los imputados por considerarlos coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta en contra del Sindicato, trabando embargo sobre los bienes de cada uno de ellos por $ 500.000,00.
Entre las recusaciones presentadas y la pandemia, la causa se estancó, pese a los constantes pedidos del querellante para impulsar el avance del expediente.
Llegado el 2022, y procesamiento mediante, el Juzgado de Recursos de Caleta Olivia entendió que correspondía revocar el procesamiento y dictar una falta de mérito en favor de los imputados, en virtud de que se considera necesaria la realización de una nueva pericia contable para aclarar el destino y propiedad de los fondos.
Ahora la justicia exige esta “pericia contable”, cuando ya pasaron 6 años del inicio de la denuncia. Según consta en la causa y certificaron las empresas, la Federación se habría apropiado de más de 20 millones de pesos en perjuicio del Sindicato y de sus afiliados.
Resulta preocupante y llamativa la lentitud del proceso de este caso donde el fiscal logró reunir pruebas que acreditan la maniobra defraudatoria; pero a partir de las maniobras de la defensa de los imputados y la lentitud manifiesta del juzgado, se agrava la situación y deja al descubierto un hecho que podría quedar impune.
Uno de los imputados es el secretario general de la F.A.Si.Pe.GyBio, Pedro Milla y otros dos son parte de la comisión directiva que protege y encubre a los dirigentes que de manera fraudulenta se habrían quedaron con el dinero de los trabajadores santacruceños.
Es menester que la justicia logre activar la causa y le dé una respuesta a los principales damnificados, que son los trabajadores petroleros, porque además dejaría un precedente peligroso para el sindicalismo argentino.
