Tras el fallido golpe de Estado intentado ayer por militantes de ultraderecha, el Tribunal Supremo de Justicia del país ordenó desarmar todas las protestas bolsonaristas en todo el país, bajo apercibimiento de llevar ante la justicia a las cúpulas de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio de Defensa.
Este lunes 9 de enero la máxima institución Justicial del Brasil ordenó al Ejército de su país a levantar todos los “campamentos bolsonaristas” dentro del territorio nacional en un plazo de 24 horas, sin excepción como consecuencia del asalto cometido este domingo contra las sedes de los tres poderes en Brasilia.
El juez Alexandre de Moraes resaltó la importancia que tiene el desmantelar dichos campamentos a medida que las fuerzas de seguridad arrestan a “todos aquellos manifestantes que aún quedan en las calles”, de los cuales ya fueron detenidos al menos 300.
“Nada justifica la existencia de campamentos de terroristas, financiados con la complacencia de autoridades civiles y militares de forma totalmente subversiva y sin respecto alguno hacia la Constitución”, argumentó el magistrado, quien también ordenó la liberación de las principales autovías del país en el transcurso del día, ocupadas parcialmente por los manifestantes bolsonaristas.
De Moraes advirtió que, en caso de que los campamentos continúen establecidos luego del plazo estipulado, los altos cargos de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio de Defensa serán llevados ante la Justicia.
El magistrado también tomó la decisión de apartar de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, durante 90 días. El funcionario había destituido a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien supo ser ministro de Justicia durante la gestión de Bolsonaro, y pidió disculpas al actual mandatario y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves incidentes ocurridos el domingo por la tarde.
Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretó la intervención federal a las fuerzas de seguridad en Brasilia tras los ataques que miles de simpatizantes de su antecesor, Jair Bolsonaro, perpetraron esta tarde contra las sedes de los tres poderes públicos, en la capital, y advirtió que los “terroristas” que los protagonizaron “pagarán con toda la fuerza de la ley”.
“Decreto la intervención federal en el distrito federal, que se limita al área de la seguridad pública, con el objetivo poner fin al grave comprometimiento del orden público”, leyó Lula en un mensaje televisado.
La intervención en Brasilia será hasta el 31 de este mes y su objetivo es poner fin a los actos de violencia en los edificios del poder público.
El mandatario remarcó que hubo un operativo de seguridad defectuoso.
“Creemos que hubo falta de seguridad y quiero decir que todas las personas que hicieron esto serán encontradas y serán punidas”, dijo Lula en Araraquara, estado San Pablo, donde estaba de visita por una tragedia de inundaciones.
“Lamentablemente, los que tenían que hacer la seguridad del distrito federal era la policía militar del distrito federal y no lo hizo; hubo una incompetencia, mala voluntad o mala fe, ustedes vieron las imágenes de cómo los acompañaban” a los manifestantes, comentó Lula.
