Cuando el Agua Decide Quién se Queda: La Batalla Latina por Vivienda y Clima en Santa Cruz

Cuando las lluvias de enero de 2023 llenaron el río San Lorenzo y arrastraron lodo hacia las calles del lado este de Santa Cruz, María Guadalupe Ríos ya sabía qué hacer. Había vivido lo mismo en su pueblo natal en Oaxaca: cuando el agua llega, primero salvas a los niños, luego los documentos, luego lo demás.

Lo que no sabía era que, semanas después, la mayor amenaza para su familia no sería el río, sino una carta de su arrendador anunciando un aumento de renta del 15 por ciento, justificado, decía la carta, por "las nuevas regulaciones de zonas de inundación."

"El río nos moja una vez," dice Ríos, riéndose sin alegría, desde la cocina de su apartamento en Beach Flats. "Los papeles nos mojan todos los meses."

Dos crisis, una misma comunidad

En el condado de Santa Cruz, la crisis de vivienda y la crisis climática no son dos conversaciones separadas. Son la misma conversación, y las familias latinas están en el centro de ella.

Los datos del censo muestran que los residentes latinos del condado son desproporcionadamente inquilinos, no propietarios, y que una parte significativa vive en vecindarios ribereños como Beach Flats, el corredor del río San Lorenzo y partes de Watsonville, donde las regulaciones de zonas de inundación son más estrictas y las rentas, paradójicamente, siguen subiendo.

La lógica del mercado es cruel en su simplicidad: cuando las nuevas reglas ambientales encarecen la construcción o la reparación de unidades de alquiler, muchos propietarios trasladan ese costo al inquilino. Pero cuando las mismas reglas limitan cuántas personas pueden vivir en una vivienda —a través de códigos de ocupación o inspecciones— el resultado es la presión contraria: familias que se hacinan, se esconden o se mudan.

"Es un embudo," explica Jorge Salinas, organizador de la Unión de Inquilinos del Condado de Santa Cruz, una coalición que nació en garajes y cocinas durante la pandemia. "Por un lado te dicen que no puedes construir más vivienda asequible porque el suelo está en riesgo de inundación. Por el otro te dicen que tu apartamento viejo es inhabitable y te tienes que ir. Nadie te dice a dónde."

Los organizadores que conectan los puntos

En el este de Santa Cruz, un grupo de madres que se hace llamar Voces del Río ha pasado de organizar limpiezas post-inundación a presionar al Concejo Municipal por algo más concreto: que ninguna política climática —ya sea una nueva zonificación ribereña o un programa de restricción de agua— se apruebe sin un análisis de su impacto en la estabilidad de vivienda de los inquilinos.

Su herramienta principal es poco glamorosa: hojas de cálculo, traducciones al español de las agendas del concejo, y una red de teléfono de más de doscientas familias.

"Cuando el ayuntamiento habla de 'resiliencia climática', preguntamos: ¿resiliencia para quién?" dice Carmen Herrera, una de las fundadoras del grupo, mientras reparte volantes frente a una lavandería en Water Street. "Si tu política empuja a veinte familias fuera de la ciudad para salvar un humedal, eso no es resiliencia. Eso es desplazamiento con buena letra."

El grupo también ha señalado algo que pocos funcionarios mencionan: las restricciones de riego y los nuevos tarifarios de agua del distrito golpean diferente según el tipo de vivienda. Una familia en un edificio multifamiliar con medidor compartido no puede controlar su consumo individual, pero sí carga con los aumentos que llegan en la factura del edificio.

El condado responde — despacio

Los funcionarios del condado y de la ciudad reconocen la tensión, aunque no siempre con la urgencia que piden los organizadores.

El programa de vivienda del condado ha ampliado los fondos para reparaciones en unidades de alquiler afectadas por inundaciones, y la ciudad ha explorado una ordenanza de protección contra el acoso a inquilinos. Pero los defensores dicen que las medidas llegan gota a gota, mientras los desalojos y los aumentos llegan en oleadas.

En el nivel estatal, leyes como SB 567 extienden topes de renta y protecciones para inquilinos en zonas de desastre, un reconocimiento de que los desalojos después de inundaciones y incendios son un patrón, no una coincidencia. La pregunta local es quién hará cumplir esas protecciones calle por calle, apartamento por apartamento.

Lo que está en juego

Para Ríos, la apuesta es simple. Trabaja en servicios de alimentación, sus dos hijos van a escuelas públicas del distrito, y su comunidad —la iglesia, la tienda, las vecinas que cuidan a los niños— vive en un radio de diez cuadras.

"No queremos casas gratis," dice. "Queremos que cuando el condado planifique para el clima de los próximos veinte años, nos planifiquen a nosotros dentro del dibujo. No fuera."

La próxima sesión del Concejo Municipal donde se discutirá la actualización del plan de riesgos climáticos está programada para este mes. Voces del Río planea llenar las sillas. Y si el pasado es indicio, también llenarán la línea de comentarios públicos, en español, con nombres y direcciones de Santa Cruz.

Porque en esta ciudad, la pregunta de quién puede quedarse ya no se responde solo en el mercado de vivienda. Se responde en audiencias, en planos de zonificación y en facturas de agua. Y cada vez más, hay alguien en la sala tomando notas — en los dos idiomas.

¿Eres inquilino afectado por aumentos de renta o políticas de inundación en el condado de Santa Cruz? Escríbenos. Tu historia es parte de esta cobertura.