El reclamo de los trabajadores del “Plan Veredas” puso en evidencia la situación en la que se encuentran muchas personas cuyos ingresos dependen del municipio en la capital provincial.
El grupo, en su mayoría mujeres, aseguraron días atrás que fueron despedidos un día sábado y de manera telefónica. Entre algunas cuestiones denuncian que tuvieron que refaccionar casas de funcionarios con fondos municipales.
Estas personas cumplen tareas en diferentes sectores municipales agrupados bajo la denominación “Plan Veredas” y días atrás protagonizaron un reclamo en las puertas del edificio donde funciona la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial, que puso en evidencia las situaciones irregulares que se dan en la intendencia de Pablo Grasso.
De esta manera entre 15 y 20 personas que cumplían de manera irregular, funciones en el municipio de Río Gallegos, fueron echados por teléfono desde la comuna, no cuentan con un contrato firmado que avale la relación laboral por la cual reciben desde el año pasado una suma de treinta mil pesos que en la actualidad subió a cincuenta mil.
Sin aportes jubilatarios, sin obra social y sin seguro denuncian que en retiradas ocasiones fueron expuestos a tareas riesgosas sin elementos de seguridad, e indumentaria. Responsabilizan al intendente Pablo Grasso de la decisión de despedirlos que tomó Natalia Quiroz Directora General de Obras del municipio.
El encargado de mantener dialogo con ellos, fue el Director de Saneamiento, Miguel Cader a quien acusaron de intentar dar explicaciones que no puede, “porque hace un año y medio que laburamos con frío, viento y heladas, pintamos sendas, limpiamos calles y hasta le construimos la casa de Quiroz cuando el año pasado mientras ella estaba de vacaciones en Colombia, nos mandó a todos a refaccionar su casa con herramientas y camionetas de la municipalidad”.
Aseguran que además de los arreglos de la casa de Quiróz refaccionaron la casa de su hermana con fondos municipales con la autorización del intendente Grasso
Por otro lado, mientras se desarrollaba el reclamo también se acercaron trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del municipio quienes notificaron a una de las mujeres manifestantes que no podía permanecer en el lugar con menores de edad.
La situación acrecentó el enojo del grupo que además de asegurar que la menor no corría riesgo, consideran que se trató de una vulneración más de sus derechos. (Foto: El Mediador)
