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Política y Economia

El ministro de Gobierno de Bolivia confirmo que la gestión de Macri estuvo involucrada en «tráfico ilícito de municiones»

Eduardo del Castillo, Ministro de Gobierno de Bolivia, confirmó que las armas que ingresaron desde la Argentina, en el gobierno de Macri fueron de manera ilegal, sin registros, lo que constituye «tráfico ilícito de municiones».


Eduardo del Castillo, exhibió en una conferencia de prensa todas las municiones encontradas en los depósitos de la policía que habría enviado gobierno de Mauricio Macri cuando se consolidó el golpe de Estado, por parte de los militares, que derrocó a Evo Morales allá por el 2019. El tráfico ilícito de municiones, un crimen penado con 30 años de prisión en ese país.

Además se confirmó que en noviembre de 2019 «se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía» que serían parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería argentina pidió sacar del país con el argumento de defender la embajada argentina en el Estado Plurinacional.


«En el Hércules c130 argentino venia munición y armamento autorizado por el pueblo boliviano que cumplía con todos los mecanismos solicitados, no obstante llegaron otras municiones que no fueron ni solicitadas y mucho menos autorizadas».

«Lo que ha cometido el comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, el General Jury Calderón y el embajador de Argentina en Bolivia del Gobierno de Macri, es trafico ilícito de armas y esto está penado en nuestro país con 30 años de presidio sin derecho a indulto»

Eduardo del Castillo


Por otra parte, el ministro denunció que existió «un plan continental para reprimir al pueblo boliviano» a través del pedido de apoyo de material bélico a Argentina y Ecuador que podía anticiparse desde el 24 de julio del 2019 cuando el Gobierno del expresidente Donald Trump habló «de un supuesto fraude electoral sin prueba alguna».

La imputación que complica a el ex presidente:
El juez Javier López Biscayart habilitó hoy lunes 19 de Julio, la feria judicial y ordenó medidas de prueba en la causa que investiga el envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, durante el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. Esto sostiene la imputación al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad de su gobierno Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad.

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