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Judiciales

El debate en el juicio por las irregularidades en la obra pública de Santa Cruz se reanudará este viernes

El titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani, y el fiscal coadyuvante Sergio Mola continuaron en la semana con su alegato ante el Tribunal Oral en lo Federal N°2 -integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- en el marco del debate oral y público por el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obra pública a la provincia de Santa Cruz a empresas del grupo que encabezaba Lázaro Báez.

El debate, que se desarrolló lunes y martes continuará este viernes a las 8,30.

En la jornada, los representantes del Ministerio Público Fiscal aseveraron que “entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que, a la manera de una figura en espejo, replicó en el terreno de la clandestinidad, la imagen del organigrama estatal.

Se trató de una asociación ilícita piramidal, que tuvo en su cúspide, como jefes, justamente a quienes se desempeñaron como jefes de Estado, y que fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos que, en paralelo al plano legal, pero valiéndose de las competencias que les otorgaba la jerarquía de su respectivo cargo y el poder político que ejercían, prestaron los aportes necesarios para que la maniobra pudiera llevarse a cabo”.

Para la fiscalía, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elisabet Fernández “instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentable y tristemente se hayan desarrollado en el país”, con el fin de extraer fondos estatales a través de la adjudicación, mediante el direccionamiento de obras públicas viales en favor del empresario de la construcción Lázaro Báez, amigo y socio comercial del matrimonio. Esas maniobras, precisaron, contaron con el aporte de “funcionarios de confianza” que fueron estratégicamente ubicados en distintos organismos para asegurar su éxito.

En la primera audiencia la fiscalía explicó cómo se detectaron las irregularidades en la obra pública, cómo Báez devino en empresario de la construcción vial y su relación con la vicepresidenta. Los fiscales también exhibieron distintas conversaciones entre José López y otros funcionarios, de los que surge la puesta en marcha en 2015, tras la derrota electoral del oficialismo, del plan “limpiar todo”, que permitió que Báez cobrará por las obras abandonadas.

La contratación de obra pública

En la segunda audiencia de alegato, el fiscal Luciani se explayó sobre los requisitos y principios básicos que deben observarse en materia de contratación de obra pública, para “prevenir la corrupción”.

“La contratación pública es uno de los ámbitos más proclives y riesgosos para perpetrar actos de corrupción. Y justamente, los porcentajes en el volumen del gasto público destinado a la contratación pública constituye un incentivo para funcionarios y privados corruptos. De allí que la administración debiera ser muy cauta, y sumamente rigurosa, al momento de disponer los fondos del Estado. Porque, en definitiva, son los fondos de todos los argentinos y no de un gobierno. El gobierno tan solo los administra, y los debe administrar bien, con estricto apego a estos principios elementales”, enfatizó.

Para el representante del MPF, “el Estado debe llevar adelante contrataciones transparentes, honestas, que aseguren la concurrencia, la sana competencia, la máxima publicidad, la igualdad de todas las partes”, lo que en el caso investigado no ocurrió, por cuanto “estas medidas de prevención de la corrupción no solo fracasaron, sino que fueron destrozadas por la propia Administración Pública, por las empresas contratistas beneficiadas y por las empresas que acompañaron las licitaciones para simular una competencia inexistente”.

Agregó que “todas las licitaciones fueron una ficción, un montaje, que aparentaba una legalidad que fue inexistente”.

En su exposición, Luciani también se refirió a que una “Administración Pública sana y cuidadosa de sus recursos, deberá ponderar la capacidad real de la empresa, económica y financiera, la experiencia especifica en el rubro, la calidad del producto ofrecido, la historia de la empresa, los antecedentes de la empresa, la cantidad de obras asignadas anteriormente y, en el momento de la contratación, el grado de cumplimiento de los plazos. Así deberá rechazar a todo operador económico que haya dado muestras de no ser fiable”.

También sostuvo que “estas observaciones requieren de un análisis exhaustivo, por parte de quienes tienen la obligación de hacerlo y que, por lo general, lleva muchos meses de trabajo”. Afirmó que “una administración sana y eficiente está obligada a adjudicar la obra a la empresa más conveniente. No al empresario amigo. En 47 de las 51 obras asignadas a Lázaro Báez, esta relevante función la debió cumplir la Comisión de Estudio para la Preadjudicación de Santa Cruz”, que omitió hacer “un análisis real, serio y detenido de las ofertas”.

Luciani: “La contratación pública es uno de los ámbitos más proclives y riesgosos para perpetrar actos de corrupción. Y justamente, los porcentajes en el volumen del gasto público destinado a la contratación pública constituye un incentivo para funcionarios y privados corruptos».

“No solo las licitaciones eran una ficción, sino todo lo que pasaba después. Porque no hubo ningún tipo de control”, sostuvo Luciani y citó cuatro casos de licitaciones convocadas, a fines de 2006, para la realización de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, “que tienen en común que se realizaron de manera simultánea, con una inadmisible celeridad y urgencia, que no estaba justificada” y en las que intervinieron empresas del Grupo Báez, para simular sana competencia.

El representante del MPF destacó que no solo “hubo un direccionamiento grosero, inadmisible, y la cartelización, sino también que la falta de un adecuado control tiene consecuencias nocivas para la Administración. Y esto era imposible que se permitiera si no era porque la orden venía del más alto cargo del Poder Ejecutivo. Es que el trámite de estos expedientes deja en evidencia la ausencia absoluta de control, la discrecionalidad, el direccionamiento hacia el grupo económico”.

En otro tramo de su exposición, el fiscal general Luciani puntualizó que las 51 obras públicas licitadas y adjudicadas a Báez fueron financiadas con fondos nacionales, por lo que debía aplicarse la normativa nacional de obra pública y no la provincial.

Ello ocurrió así porque “era parte del plan. Era un entramado tendiente a defraudar el Estado, que sirvió como medio para alejar la responsabilidad de aquellos que planean la maniobra, para restringir la publicidad solamente a diarios locales y, de esta manera, evitar la concurrencia y la sana competencia. Cuantas más estructuras parasitadas se interpusieran, y mientras se aplicara la ley provincial creada al solo efecto de eludir los principios de real competencia, concurrencia y correcta publicidad, más en apariencia se alejaba la responsabilidad de la Administración central y de sus ideólogos”.

Luciani insistió en que “las 51 licitaciones públicas fueron una ficción. Se trató de licitaciones aparentes, una puesta en escena. Una serie de actos para darle aspectos de legalidad para lo que en los hechos fue una contratación directa, direccionada de todos los contratos hacia la persona elegida por los jefes de la asociación ilícita”.

Agregó que en la mayoría de los casos se utilizó “una modalidad de contratación triangular en las obras públicas: el Estado Nacional, por medio de la Dirección Nacional de Vialidad delegó en la provincia de Santa Cruz -vialidad provincial- el estudio, el proyecto, el llamado a licitación, la contratación, la inspección y la medición, pero el Estado Nacional se reservó el derecho de ejercer la supervisión. Esta forma triangular de contratación tuvo por fin intentar alejar la responsabilidad de los funcionarios nacionales en la maniobra, tanto desde el punto de vista jurídico penal, como desde el punto de vista civil.

Se utilizó un instrumento legal para realizar una maniobra ilegal en 47 de las 51 obras asignadas al grupo Báez”. Agregó que de “83 obras que se hicieron en Santa Cruz, durante este periodo, 79 se hicieron por convenio”, lo que cual evidencia que “lo importante en Santa Cruz era la extracción de fondos y no la realización de obras”.

Las obras adjudicadas a Lázaro Baéz

Tras un cuarto intermedio, el alegato continuó con la exposición del fiscal Sergio Mola, quien se refirió a los trámites de cada una de las 51 licitaciones adjudicadas a Báez. En ese contexto señaló que existió “un esquema de funcionarios corruptos y fondos del Estado nacional» que fueron usados “para direccionar la obra pública de forma burda a favor de Lázaro Báez” e incluso parte de los fondos obtenidos tuvieron como destino “el patrimonio de los expresidentes Kirchner como parte de la misma maniobra”.

Mola exhibió el expediente de la primera obra adjudicada a una empresa del Grupo Báez, que sentó las bases de “la metodología para poder direccionar las licitaciones” y agregó que “fue Néstor Kirchner quien ideó el esquema que luego implementaron Julio De Vido, José López y Nelson Periotti. El mismo fue perfeccionado y se extendió durante la administración de Cristina Kirchner”.

Luego se refirió a otras licitaciones donde Austral Construcciones conformó una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con otras empresas -que también integraban el conglomerado- para resultar adjudicataria de la obra. Ello, a entendimiento de la fiscalía, constituyó una maniobra para sortear el impedimento de cesión de obras.

“Todo se direccionó en favor de la empresa del amigo y socio comercial de Néstor Kirchner. Nunca nadie objetó absolutamente nada, lo que atenta al sentido común, contra la lógica y los principios elementales de contratación pública”, destacó el fiscal Mola. También, cuestionó que nadie advirtiese las constantes demoras en la ejecución de las obras, ni que las empresas fueran sancionadas por las constantes irregularidades.

Cerca de las 16.30 el fiscal Luciani retomó la palabra y se refirió a las obras de la remediación de canteras de la Ruta 3. En tal sentido, señaló que ello fue “la caja clandestina del empresario, un mecanismo de sustracción de fondos públicos”. Para el representante del MPF, se utilizaron fondos nacionales para financiar “obras que debían ser afrontadas por el organismo vial provincial, porque eran canteras de antigua data”. Por estas obras Báez recibió 650 millones de pesos.

El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes a las 8.30, cuando la fiscalía continuará con la tercera jornada de su alegato.

Los imputados

En el debate se le imputa a la exPresidenta de la Nación Cristina Fernández ser coautora de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

Por su parte el ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López; el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Pierotti; y el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, están acusados como coautores de asociación ilícita agravada por su calidad de organizadores y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, mientras que se intenta establecer la responsabilidad del empresario de la construcción Lázaro Báez como coautor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe necesario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

Finalmente, al ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; a los ex responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda; y a los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez, se les imputa la coautoría del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

De acuerdo a la acusación formulada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, estas personas intervinieron en una maniobra de corrupción por la cual, desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública -en este caso, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz- se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas del Grupo Báez, por más de 46 mil millones de pesos.

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