El doctor Gabriel Giordano, defensor del intendente de 28 de Noviembre anunció que denunciará por prejuzgamiento, a la Jueza de Instrucción de Río Turbio, Betina Bustos, quien procesó al jefe comunal en la causa de “falsificación de documento público agravada”.
Giordano, ex jefe de fiscales de la provincia de Santa Cruz, realizó declaraciones en el programa “el último que apague la luz”, que conduce Ricardo Duarte por FM San Jorge.
El letrado aseguró que “apelaremos y cuestionamos el procesamiento porque es una pieza procesal donde no sustentan ni el grado de semi plena pruebas, elementos fundamentales para ese procesamiento”, sostuvo y aseveró que “advertimos que nuestro defendido como el resto de los imputados, no fueron asesorados jurídicamente. Hay groseros errores en el procesamiento”, reveló al conocer el expediente de la causa.
“Vamos a trabajar en dos frentes, uno que es la apelación y otro que vamos a llevar, porque en este caso una vez que se apele la causa sigue abierta la investigación. De manera tal que van a tener que elevar fotocopias y quedar la causa abierta para que nosotros sigamos aportando pruebas”.
Señaló además que “ahí vamos a demostrar la inocencia de los imputados, pero además demostrar los errores cometidos en este apresuramiento que debe estar justificado en alguna acción que no tiene que ver con lo jurídico”.
En este sentido consideró que “a nosotros nos preocupa mucho porque acá, es una medida de intervención por parte de la justicia en el poder político y deberían estar muy preocupados el resto de los intendentes porque evidentemente se quieren corregir, cuestiones políticas a través de la intervención judicial. Nosotros no vamos a permitir que desde el punto de vista técnico esto ocurra”.
“Si esto ocurre en el tema político, debe debatirse en el plano político, donde no podemos opinar y eso es una cuestión que le debemos preguntar a los demás actores que están participando de este proceso”, manifestó.
Sostuvo además que la “gravedad” es la causa madre que se reacciona con un procesamiento posterior. “El hecho de que el doctor Carlos Muriete (quien falleció a causa de COVID) haya puesto de manifiesto ante el Tribunal Superior, ante la apelación y recusación y ante nada más y nada menos que la justicia federal, de una denuncia por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público a un magistrado es grave. Porque el problema fundamental es que el daño todavía está latente, porque se intervino desde la justicia a un organismo nacional, se le sacó la competencia a un municipio, cuando por convenio tenían la administración de un centro integrador y a la vez se le sacó un vehículo, cuya titularidad de dominio pertenece al municipio, asignándoselo a este centro”.
“Y hemos recibido la noticia en estos días, que ese vehículo tuvo un accidente y desconocemos si hubo lesionados y demás. Y esto genera un perjuicio de carácter económico también. De manera tal que estamos ante un hecho institucional sumamente grave, porque desconocemos qué pasó con la continuidad de las causas que ha hecho el doctor Muriete, pero nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”.
Finalmente insistió en que “vamos a investigar, hacer la defensa y desde luego, entendemos que haga hubo una adulteración y más, si la adulteración estuvo en manos de quien lo denunció. Por lo que hemos visto hasta el momento y por las pruebas que nos acercaron, tenemos serios vicios o posibilidades de avanzar con otra denuncia, porque evidentemente vamos a pedir la intervención de un perito especializado en informática, para que realice, de ser posible, porque cuando se rompe la cadena de pruebas es muy difícil volver a reconstruirla”.
