Antes y después de que la Legislatura de Santa Cruz rechazara por amplia mayoría de votos un pedido de suspensión de Jorge Soloaga solicitado por el bloque minoritario y fomentado por Roxana Reyes diputada nacional por Juntos por el Cambio-, el Presidente de la Comisión de Fomento recibió múltiples muestras de apoyo por parte de un amplio abanico de dirigentes y agrupaciones del ámbito político, gremial e incluso comercial, no solo del ámbito santacruceño sino también de orden nacional.
Entre éstas últimas, figura la del asesor presidencial y ex ministro de Salud de Chubut y ex presidente del PAMI, doctor Manuel Corchuelo Blasco (foto), quien consideró que un sector político procura aprovecharse de la denunciante para soslayar la extensa trayectoria política de Soloaga que “en el curso de los últimos años se vio reflejada en posibilitar que una población como Cañadón Seco pudiera emerger de sobremanera con importante obras públicas”.
Además, añadió, “les causa gran molestia que en discursos de fechas patrias y de homenajes a próceres les recuerde que aún subsisten referentes de ideologías antinacionalistas que representan a intereses de las multinacionales.
Otra de las ultimas adhesiones a la figura del jefe comunal, fue la del conocido comerciante de Caleta Olivia y militante social del radicalismo, Rolando Piva, quien puso énfasis al señalar que “yo no tengo una agrupación ni un sello de político, pero quiero creer en la justicia y por eso me solidarizo con Jorge Soloaga porque entiendo que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre culpabilidad”.
“Además –sostuvo-, está a la vista que hay mucha liviandad en la acusación que se le formula y en la manera que se le pide su destitución. Y esta es la parte sucia que no me gusta de la política, porque no concibo que haya gente tan ruin y porquería para ensuciar a una persona de esta manera”.
Antes de estos referentes, hubo expresiones de la Agrupación Petrolera Santacruceña, del Consejo Partidario Local del PJ de Cañadón Seco, del Grupo Peronista Santacruceño y de trabajadoras de esa comuna, de la Rama Femenina justicialista quienes repudiaron y calificaron de golpista la actitud de la diputada Reyes, indicando que la misma procura vulnerar el Estado de Derecho y la división de poderes.
A la lista se había sumado la CGT Zona Norte el mismo día en que el tema fue tratado en la Legislatura y a través de un comunicado de prensa los miembros del consejo directivo recriminaron con dureza a los legisladores del bloque minoritario por intentar “condicionar a la justicia” desde un ámbito parlamentario.
Por su parte, desde el Consejo Local del PJ se indicó que los miembros del partido radical “son los mismos que apoyan acciones ilegales sobre viviendas comunales, son los mismos que intentaron generar caos social en Cañadón Seco y son los mismos que se esconden diciendo que buscan la justicia social, pero apoyan a sectores políticos que saquearon al país y lo endeudaron como nunca antes en la historia durante cuatro años”.