El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 6 juzgará desde este lunes al excapitán de fragata Adolfo Miguel Donda Tigel por su participación en la apropiación ilegal de su sobrina, Victoria Donda Pérez, tras el nacimiento de la actual interventora del Inadi en el centro clandestino de detención que funcionó en la exEscuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.
“Mirarlo a los ojos y poder decirle de frente que su apellido Donda va a ser muy conocido por tener una sobrina que pelea por las mismas banderas que él quiso enterrar es una de las peores condenas que puede tener”, confió a Télam Victoria Donda.
El TOF 6 integrado por Ricardo Basílico, María Gabriela López Iñiguez y Daniel Horacio Obligado determinará la responsabilidad del exmarino Adolfo Miguel Donda Tigel en la apropiación ilegal de su sobrina, Victoria Donda.
José María Laureano Donda fue visto por última vez en la Comisaría 3° de Castelar junto a su esposa, quien estando embarazada fue trasladada a la exESMA, donde dio luz a Victoria.
En ese centro clandestino, Adolfo Donda era uno de los responsables de inteligencia del grupo de tareas 3.3.2 de la Armada .
“Estoy segura que entregó a su hermano porque no podía no conocer su destino”, afirmó la funcionaria aludiendo al alto mando que tenía Adolfo Donda dentro del aparato represivo.
Por otro lado, adelantó que parte de los testigos relataron que el represor “estuvo presente en sesiones de tortura de mi mamá embarazada cuando estaba a término”.
En esa línea, sostuvo que “me resulta casi inverosímil pensar que no supiese que yo había nacido con vida y cuál era mi paradero”.
En octubre, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, le concedió al condenado en otras causas de lesa humanidad, salidas transitorias, lo que generó el rechazo de sobrevivientes de la exESMA y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Adolfo Donda ya contaba con dos sentencias previas con pena de prisión perpetua, una en el juicio conocido como ESMA II (2011) y otra del proceso conocido como ESMA III (2017), al que todavía la Cámara Federal de Casación Penal debe revisar.
Sin embargo, los jueces de la Sala II de Casación resaltaron que Adolfo Donda cumplía con todos los requisitos legales para acceder a las salidas transitorias y que contaba con informes positivos sobre su conducta, emitidos por distintas áreas del Servicio Penitenciario Federal.
El mismo pedido había sido rechazado con anterioridad por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 debido a que en informes psicológicos se desprendía que el represor “mantiene la negación de su responsabilidad en los hechos probados por el fallo que se ejecuta, lo que da cuenta que no se ha desplegado de manera eficaz ninguna reflexión en torno a los actos criminales atribuidos”.
“Sentí que el poder judicial no había entendido el grito de la sociedad cuando en el 2017 quisieron beneficiar a los genocidas con el 2×1”, afirmó la interventora del Inadi sobre el permiso otorgado a Adolfo Donda.
Además, apuntó contra el sistema judicial al que consideró “cooptado por una parte de los factores de poder que son los mismos que instigaron el golpe de Estado”.
