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Crisis educativa en Santa Cruz

Campaña contra la criminalización de la protesta social y banalización de la figura de femicidio.

Desde Adosac difunden un  video junto a la campaña de firmas digital para escanear código QR “contra la criminalización de la protesta social y banalización de la figura de femicidio”.

“En Santa Cruz el gobierno de Alicia Kirchner y la justicia cómplice criminalizan la protesta social además banalizan la figura de femicidio. La causa armada con la cual procesaron  a los compañeros docentes es una total vergüenza y forma parte del manoseo jurídico del partido judicial  de los Kirchner, exigimos la absolución, ningún trabajador preso por reclamar”.

En abril de 2017 miles de docentes santacruceños llevaban adelante una huelga que duró más de cien días por el atraso en el pago de los salarios a docentes, estatales, judiciales y jubilados en la provincia y por la actualización de sus haberes. Las clases, luego de una profunda movilización, comenzaron recién en el mes de agosto cuando finalmente se obtuvieron parte de los reclamos.

Dentro de las decenas de medidas que se sostenían a lo largo de toda la provincia, el 21 de abril por la noche, centenares de docentes que se manifestaban en la gobernación decidieron de manera espontánea dirigirse al domicilio particular de la también entonces gobernadora Alicia Kirchner, situada a metros de la casa de gobierno, para reclamarle en forma directa por el pago de sus salarios. Allí la gobernadora cenaba con su cuñada, la entonces ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En esas circunstancias fue que algunos de los manifestantes llegaron hasta los jardines frontales de la residencia. La protesta fue disuelta mediante una fuerte represión policial que se cobró decenas de heridos y hospitalizados.

Tres integrantes del gremio Adosac y una trabajadora de ATE, fueron procesados en una causa caratulada como “invasión de domicilio”.

Sin embargo, seis años después y cuando la causa estaba a punto de prescribir, la cámara criminal dio lugar en un fallo por mayoría al pedido del fiscal subrogante Federico Heinz para modificar la carátula de la causa.

A partir de ahora, los dirigentes sindicales están acusados de “intento de femicidio” o, para el caso de las mujeres, de “intento de asesinato calificado” a la gobernadora.

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