La dirigencia de la filial Caleta Olivia dejó explícito que las acciones que lleva adelante el gobierno provincial no van a poder quebrar la lucha por sueldos dignos y otras reivindicaciones, aun cuando a través del Consejo de Educación (CPE) haya comenzado a reemplazar a docentes que se mantienen en huelga, involucrado además a la justicia para solapadamente transformar una protesta social del año 2017 en un delito de intento de femicidio.
Estas expresiones fueron formuladas a mediodía de este martes en una conferencia de prensa encabezada por el principal referente local, César Alegre, la cual tuvo el acompañamiento de dirigentes del sindicato petrolero, de la asociación empleados judiciales y del gremio de los empleados municipales jerárquicos, cuyos voceros fueron Luis Melo, Susana Gargiulo y Alfredo Lugo, de manera respectiva.
En principio, Alegre dijo que es evidente que en el marco de los “aprietes” hacia la docencia en lucha, la justicia provincial está cumpliendo “órdenes” de la gobernadora Alicia Kirchner y por ello ahora se acusa del delito de “intento de femicidio” a cuatro trabajadores estatales que quedaron procesados por protagonizar una protesta por salarios hace seis años en los jardines de la Casa de Gobierno.
Por otra parte denunció que en su intento de “romper la huelga” por directivas del CPE, este martes fueron reemplazadas una preceptora y una maestra de sala de Jardín de Infantes N° 52 (local), quienes están plegadas a los paros.
A ello sumó que el gobierno sigue negando que haya edificios educativos en deplorable estado y con falta de servicios. Uno de esos ejemplos claros se registra en la Escuela N° 29 donde hace meses no funciona el sistema de calefacción.
Por su parte, el referente del Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables, Luis Melo, dijo que es lamentable que en esta provincia “se esté manipulando a fiscales y jueces para que actúen en contra de los trabajadores”.
“Nosotros, como sindicato petrolero, nos solidarizamos con la ADOSAC porque cualquier otra entidad gremial que se oponga al gobierno provincial puede ser víctima de este tipo de atropellos.
Además –resaltó- es injusto que un profesional de la docencia que se perfeccionó muchos años para educar a nuestros hijos esté ganando un salario que está por debajo de la línea de pobreza”.
A su vez, la vocero de los empleados judiciales, Susana Gargiulo, sostuvo que el hecho que se haya “inventado” un delito a trabajadores que protagonizaron una protesta en 2017, se debe a que gran parte de los jueces y fiscales de esta provincia “fueron puestos a dedo”.
Para refrendar sus dichos, manifestó que en Santa Cruz los concursos para acceder a esos cargos no son públicos y “muchas veces se nombra a quienes no lo ganan” y como no hay transparencia en el Consejo de la Magistratura, cuando las postulaciones llegan a la Legislatura “lo único que tienen que analizar los diputados es lo que figura en el pliego” que envía el Poder Ejecutivo. (El Patagónico)
