El gremio docente de Santa Cruz anunció el no inicio del segundo semestre tras el congreso provincial. “Exigimos que ningún docente viva bajo la línea de pobreza y piden un salario de 120.000 para el cargo testigo”, manifestaron.
Además, indicaron que en caso de no tener repuestas las medidas de fuerza continuarán en la segunda semana de agosto. También exigen a CTERA que convoque a un Paro Nacional en el marco de las luchas docentes que hoy se desarrollan en todo el país.
Adosac determinó un paro de 48 horas para el próximo lunes y martes, en el inicio de las clases tras el receso invernal.
Además, anunciaron que las medidas de fuerza tendrán continuidad durante la segunda semana de agosto.
El lunes próximo, la paritaria salarial docente retomará el debate también con la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social notificó a las entidades gremiales que el encuentro se celebrará a las 15:00 en la sede de Fomicruz de Río Gallegos.
En un documento desde el gremio indicaron que exigen ”que ningún docente viva por debajo de la línea de la pobreza. Un salario de $120.000 para el cargo testigo retroactivo al mes de Julio, con cláusula de indexación de acuerdo a los índices inflacionarios que experimente el país”.
Además, a través de un documento dado a conocer señalan que ratifican “las medidas de fuerzas locales en la ciudad de Gobernador Gregores durante los días 13 y 14 de julio, como así también la medida de fuerza provincial durante el día 15 de julio del corriente año, determinaciones que fueron tomadas en el marco de la crisis edilicia que atraviesan las escuelas santacruceñas2”.
Oxigene “mayores inversiones en infraestructura escolar. E insistir en el rechazo a la reforma laboral que implica la puesta en práctica de la jornada extendida, política tomada por parte del CPE sin previsibilidad alguna, ni participación real del colectivo docente en el debate por su implementación, todo esto, además, llevado adelante en un contexto de vaciamiento pedagógico. La falta de claridad ante las innumerables aristas planteadas (salariales, laborales y pedagógicas) y que se desprenden de este proyecto impuesto por el CPE genera que la docencia no admita tal modificatoria” y demandan 2nuevamente la descentralización y la presencialidad para las Comisiones de Ofrecimientos en toda la provincia.
Reafirmar nuestro rechazo a toda medida pedagógica que conduzca al vaciamiento de los contenidos en los niveles primario y secundario, al atropello hacia Ia libertad de cátedra y a Ia flexibilización de las tareas docentes, tal como sucede con “trabajo colaborativo” en la Educación Especial, eufemismo a través del cual se sobrecarga laboralmente a la docencia no permitiendo la atención en la especificidad de los distintos diagnósticos o patologías que son propias de la modalidad.
Además, como Congreso exigen:
El desprocesamiento de los compañeros por luchar. Por la absolución inmediata de nuestros compañeros Claudio Wasquin, Diego Barrionuevo, Juan Manuel Valentín y Gabriela Ance. Basta de criminalizar la Protesta Social!
El fin de la intervención de la Junta de Clasificación de Educación Inicial y Especial, exigiendo una vez más la reincorporación inmediata de los Vocales Electos.
Derogación inmediata del presentismo impuesto a través de la Resolución 066/18.
Derogación inmediata de la Resolución 146/22 para permitirle el libre acceso a sus puestos de trabajo para todos aquellos compañeros que hayan optado por la no vacunación.
Exigir el cumplimiento íntegro de nuestro régimen de licencia, muchas veces mal interpretado y por ende mal aplicado por las autoridades de reconocimientos médicos de algunas localidades.
Asimismo, solicitan que se retome la convocatoria de juntas médicas para generar los encuadres de salud necesarios para los compañeros docentes.
