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La ex mujer de Lázaro Báez, ahora contra la familia de la nueva novia del contratista K

Buenos Aires
Los parientes de Claudia Insaurralde administran unas cabañas en Santa Cruz. Norma Calismonte pide explicaciones y números.

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A 301 kilómetros hacia el suroeste de Río Gallegos se encuentra la cuenca carbonífera (Río Turbio y 28 de Noviembre). Allí, como en gran parte de Santa Cruz, Lázaro Báez adquirió campos, terrenos y levantó un complejo de cabañas que causó una nueva disputa familiar, a la que ahora se sumó otra protagonista: la familia de Claudia Insaurralde, la novia del empresario K. Los abogados de Norma Calismonte, ex esposa de Báez, remitieron cartas documento para saber adónde va el dinero que se obtiene por el alquiler de esos lugares, manejados por Insaurralde.
El cuantioso patrimonio de Lázaro Báez -1.412 propiedades distribuidas en ocho provincias- se convirtió en un universo difícil de manejar, supervisar y controlar. La cantidad y diversidad de inmuebles es uno de los motivos: hay campos, casas, locales comerciales, cocheras, departamentos, cabañas, terrenos, hoteles, galpones y hasta sedes deportivas.
Desde robos, usurpaciones, desmanes y entraderas, las propiedades del ex socio comercial de Cristina Kirchner sufrieron diversas circunstancias, pues se hizo complejo para la Justicia administrar ese patrimonio a 3.000 kilómetros de distancia, ya que la mayor cantidad de inmuebles están radicados en el sur.
A esa situación -denunciada por la familia Báez en reiteradas ocasiones- se sumó otra: desde la cárcel Lázaro Báez emitió diversos poderes de administración a abogados y otras personas de su confianza. Esto devino en una serie de planteos formulados por los abogados Roberto Herrera y Alejandro Baldini, representantes de Norma Calismonte.

Patrimonio
Por un lado, la ex esposa del empresario K busca determinar cuál es el monto total del patrimonio que reclamará cuando los juicios orales concluyan y la justicia determine si decomisa la totalidad de las 1.412 propiedades. En simultáneo, según señalaron desde su defensa, buscan garantizar una «pensión mensual», ya que hay una importante cantidad de personas administrando y explotando inmuebles de Báez, cuyos producidos no «se sabe a dónde se dirigen».
En principio, no se rinden ante la justicia, que embargó todas las propiedades como cuentas bancarias de una veintena de empresas, en las que colocó veedores e interventores. Tampoco, según indicaron en su oportunidad los abogados, van a la economía familiar. Por ello, enviaron cartas documento a apoderados y abogados que obtuvieron la autorización de Lázaro para administrar inmuebles.
En las localidades mineras de Santa Cruz, Lázaro Báez adquirió campos, terrenos, y cabañas por 235 millones de pesos, según el informe patrimonial ordenado por el fiscal Guillermo Marijuan, que realizó el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Allí hay un complejo de trece cabañas que fueron allanadas en la causa por lavado de dinero y que hoy están en el centro de la disputa.
El año pasado, por ejemplo, en ese complejo se robaron más de 20 televisores led y 9 microondas. Esto fue denunciado por los encargados del predio. Algunas de esas casas están alquiladas por personal minero, también se señaló que vivía un integrante del Comando Radioeléctrico de la policía provincial. Otras cabañas sólo se utilizaban como depósito de bienes.
El complejo de cabañas de Lázaro Báez se encuentra en la Chacra 14 B, que se encuentra en cercanías a la Ruta Nacional 40, uno de los tantos caminos cuya pavimentación fue adjudicada a sus empresas.

Familiares
Según indicaron los abogados de Calismonte, el usufructo de esas cabañas está a cargo de familiares de Claudia Insaurralde, novia actual de Báez. Por tal motivo, remitieron cartas documento para que informen cuánto dinero perciben por la explotación de los inmuebles y a dónde se dirige el mismo.
No es todo. En su momento, los abogados Herrera y Baldini intimaron al ex yerno de Báez, Marcos Muller, que era responsable de administrar parte de los bienes del grupo empresarial y que ahora se dedica al rubro petrolero. Calismonte le reclamó un detalle de los movimientos de dinero, de los bienes alquilados y vendidos bajo su administración. Esta situación se replicó con otros administradores nombrados por Báez. ¿La sospecha? Que aún manejan dinero sin rendirlo a la justicia ni a la familia. Estiman que son más de 2 millones de pesos por mes que circulan sin controles.
Se trata del manejo de cabañas, departamentos, estaciones de servicio y un grupo de empresas, que se encuentran en la Patagonia, en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal, y que además del ex yerno también son administrados por otras siete personas, en algunos casos con poderes otorgados por Báez, y en otros «simulan tener poderes. Todos están identificados y haremos las presentaciones en la Justicia, tanto en la quiebra de Austral Construcciones, como en la intervención que hay sobre las empresas», señalaron los abogados.
«La señora Calismonte pretende mantener intacto el patrimonio ganancial, porque sabe que hay personas que lo están esquilmando con ventas y alquileres de máquinas y camionetas. Y hay un grupo de abogados que perciben montos millonarios de alquileres», explicaron en su ocasión los abogados a Clarín. Cuando concluya el proceso judicial, Calismonte irá «por su porcentaje ganancial, pero hoy busca conservar los bienes y denunciar a quienes hacen negocios espurios con el patrimonio de las empresas de la familia», indicaron.
Un dato: toda la fortuna de Lázaro Báez está embargada en al menos cinco causas judiciales por lavado de activos. Es un gran interrogante para el reclamo futuro que hará su ex esposa. (Fuente: Clarín)

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