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Pidieron la detención de Peralta

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Caleta Olivia
“Me puse a disposición de la justicia”, afirmó ayer el ex gobernador Daniel Peralta en dialogo con el Diario Más Prensa, luego de que se conociera que el fiscal Guillermo Marijuan pidiera su detención del ex gobernador Daniel Peralta – junto a otros funcionarios kirchneristas – en la causa de los sobreprecios en la usina de Río Turbio.
“Claramente yo no participe del tramite de la licitación que se cuestiona. Ya había dejado la intervención de la mina y estaba en la gobernación”, aclaró sintéticamente el ex mandatario, quien confirmó que hoy su abogado se presentará en los Tribunales de Comodoro Py, (en Buenos Aires) para entregar un escrito con los argumentos que los desligarían del supuesto delito investigaos. En dialogo con este medio Peralta también aclaró que no pidió la eximisión de prisión.
Mas allá de esta nueva instancia judicial, el ex gobernador recordó que en una investigación judicial previa, por el mismo hecho ya había sido sobreseído en mayo de 2017.
Fue cuando el Juez Federal Claudio Bonadio lo sobreseyó junto con el ex Ministro de Planifiación, Julio De Vido –ahora preso – en la causa que investigaba la construcción de la Usina Térmica de Río Turbio.
Pero la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) apeló el sobreseimiento del ex funcionario remarcando que a raíz de un informe de la SIGEN se “permite sostener que el monto final equivale a la construcción de dos centrales termoeléctricas de iguales características”.

Responsabilidad
Otro de los argumentos que esgrimirá el escrito del abogado de Peralta, es el rol institucional que ocupaba el funcionario, quien por entonces ya estaba a cargo de la gobernación. Peralta se había hecho cargo de la invención de YCRT – cargo que había asumido a pedido de Néstor Kirchner en junio del 2004 – luego de la tragedia minera que dejó como saldo 14 muertos en un trágico derrumbe. Para asumir como interventor, Peralta tuvo que pedir licencia en la Legislatura provincial como diputado, donde tenía mandato hasta el 2007. Pero en mayo de ese año, tras la renuncia del entonces gobernador Carlos Sancho – que se había hecho cargo del Ejecutivo tras la renuncia de Sergio Acevedo – Peralta llegó a la gobernación, dejando la intervención de YCRT. “Creo que esta claro que yo no tuve responsabilidad sobre los hechos que se investigan”; sentenció a +Prensa el ex gobernador.


Nueva instancia
Ayer el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ante el juez Claudio Bonadio la detención e indagatoria de Julio De Vido, Roberto Baratta, Jorge Mayoral, del ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, del empresario excarcelado recientemente Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), de Ernesto Maxit de la misma empresa, de Miguel Larregina (Ex Coordinador de YCRT),
Cabe señalar que según la SIGEN, la obra modificó 11 veces su costo inicial, elevando su valor a U$S 1.631.355.105, cuando fue adjudicada por U$S 857.341.128: los adicionales de la obra incrementaron el 90,28% del contrato original. “Nos encontramos con procesos decisorios carentes de razonabilidad y legalidad”, lo que “ocasionó un dispendio de recursos en perjuicio del erario público”.
Para justificar el pedido de detención, el fiscal afirmó que existen “riesgos procesales” y señaló que ante “las características de los hechos y el perjuicio provocado al erario público” resulta “procedente el encarcelamiento de las personas y el llamado a indagatoria”. Asimismo, sostuvo que las personas involucradas en la causa “pueden mantener en la actualidad lazos que les posibilitara llevar adelante las maniobras ilícitas, sin generar ningún tipo de sospecha”.

Antecedentes
En otro fallo judicial favorable de mayo de 2015, Daniel Peralta había sido sobreseído en la causa penal en la que estaba imputado por presunto “sobreprecios” y “cartelización” en la obra pública. Ese fallo fue dictado por la jueza de instrucción de Río Gallegos, María Valeria López Lestón, que siguió la línea del dictamen favorable que emitió, en su oportunidad, el fiscal Gabriel Giordano, quién consideró que en la causa no se acreditaron hechos de corrupción.

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