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Quieren a Electroingeniería fuera de la obra de represas santacruceñas

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Buenos Aires
La obra de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, una promesa energética de Cristina Kirchner y a la que, con modificaciones en costos y estructura, dio continuidad el gobierno de Mauricio Macri, quedó salpicada por la detención de Gerardo Ferreyra una de las principales autoridades de Electroingeniería, empresa a cargo de la obra que cuenta con un presupuesto por encima de los 4.000 millones de dólares.
En la Casa Rosada esperan que la obra no se detenga, mientras desde la compañía indicaron a Clarín que en principio, “nada debería verse alterado”.
Sin embargo, la semana pasada en una reunión con el embajador de China, hubo un pedido explícito: que la empresa local salga del consorcio porque está “sospechada de corrupción”.
La obra, que busca generar durante toda su construcción 5.000 puestos de trabajo, cuenta con un presupuesto de 4.730 millones de dólares.
Fue una bandera energética (inconclusa) del gobierno de Cristina Kirchner, y recién después de dos años lograron retomarse las obras principales después de que el ministerio de Energía dio luz verde al proyecto al enviar una “orden de autorización de servicio de obra”, a la empresa constructora.

Proyecto
El proyecto que dejaron Cristina Kirchner y Julio De Vido fue reformulado por el ex ministro del área, Juan José Aranguren: su costo es de casi un 20% menos que lo pactado por el gobierno anterior, que se estimaba en 6.000 millones. Además, se agregó un complemento de una línea de alta tensión de 500 kilovatios. Las represas pasarán de 1.740 a 1.290 megavatios.
Con los trabajos en las villas en cercanías al río Santa Cruz, la obra no quedó exenta de las sospechas de corrupción que recaen sobre Gerardo Ferreyra, detenido este miércoles por orden del juez Claudio Bonadio en un expediente que investiga la ruta de sobornos que superarían los 160 millones de dólares.
Al igual que Cristina Kirchner, Julio De Vido y Roberto Baratta, está acusado de ser parte de una asociación ilícita.
En este contexto Ferreyra y será indagado este jueves junto a otros empresarios de la construcción y sector energético. De hecho, Carlos Wagner ex presidente de la Cámara de la Construcción también tiene un pedido de detención que aún no se concretó.


Embajada
La semana pasada, según confirmaron a Clarín fuentes oficiales, el ministro de Energía Javier Iguacel se reunió con autoridades de la Embajada de China y allí manifestó que para darle continuidad a la obra el socio local debía retirarse del consorcio. Se pidió que este pedido llegue a las autoridades de la constructora china Gezhouba.
¿Los motivos? Clarín pudo reconstruir la reunión y allí sin mayores vueltas se manifestó que Electroingeniería “es una firma sospechada de corrupción” y el contrato inicial -que esta gestión modificó-, “estaba viciado de hechos de corrupción”.
Si bien el actual gobierno le hizo diversas modificaciones al proyecto original, entre ellos reducir sus elevados costos, la cartera que ahora conduce Iguacel analiza una auditoría interna que se realizó sobre el mega proyecto hidroeléctrico y no se descarta que de detectar nuevas irregularidades se hagan nuevas presentaciones en la Justicia.
Una semana después, y en una causa de pago y cobro de sobornos, Ferreyra quedó detenido y según fuentes judiciales, recae sobre él la misma acusación que sobre los demás investigados: haber integrado una asociación ilícita.

Detalles de la obra
Las dos represas tienen un presupuesto de 4.730 millones de dólares. El 85% del financiamiento de la obra es chino. Ambas hidroeléctricas tendrán una potencia instalada de 1.310 megavatios, es decir alrededor del 4% del total nacional.
La represa Néstor Kirchner -cuya villa tiene una superficie de 42.163 metros cuadrados- y la llamada Jorge Cepernic (de 34.248 metros cuadrados), ya recibieron 800 millones de dólares por parte de inversores chinos.
El proyecto que dejó Cristina Kirchner y Julio De Vido y que promete emplear 5.000 trabajadores, fue modificado. Las represas pasarán de 1.740 a 1.290 megavatios. Y su costo es de casi un 20% menos que lo pactado por el gobierno anterior, que se estimaba en 6.000 millones. Además, se agregó un complemento de una línea de alta tensión de 500 kilovatios.

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