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Empleados judiciales siguen con paro por tiempo indeterminado

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Caleta Olivia
El gremio de trabajadores judiciales se mantiene realizando un paro por tiempo indeterminado hasta que el proyecto de Ley que pretende cercenar su derecho a discutir paritarias con el Tribunal Superior de Justicia.
Desde el sindicato, los damnificados explicaron que: “en el derecho laboral como en todo derecho humano rige el principio de progresividad y no regresividad, esto es que no pueden retrotraerse derechos, estos siempre deben ir hacia adelante con una idea de justicia social, y con la finalidad de reducir la asimetría de poder existente entre trabajadores y patrones; por lo que cualquier limitación que se pretenda imponer es contraria a derecho”.
En un comunicado, los trabajadores estatales de la Justicia recordaron que “la negociación colectiva es una herramienta estratégica conseguida con la lucha, que permite discutir desde el conjunto y superar los límites de la negociación individual”.

Mecanismos
Añaden que “al tratarse de mecanismos de negociación, el proyecto vigente y su reglamentación fue producto del “consenso” entre las partes: empleados y patrón, lo que le da absoluta legitimidad conforme el art. 63 de la Constitución Provincial: “El convenio colectivo, realizado libremente entre las partes interesadas, regirá el régimen de las condiciones de trabajo, no pudiendo la Provincia intervenir sino por medio del departamento provincial del trabajo, en caso de desacuerdo o conflicto irremediable”.
El comunicado finaliza recordando que “tras 16 años sin paritarias ni convenios en Santa Cruz, producto de la inconstitucional ley de emergencia y superación de la emergencia económica, la obtención de la ley de negociaciones colectivas para el sector estatal en el agosto del año 2007 fue un paso inmenso para todos los trabajadores de la provincia y una avance en la relación de empleo como reza la misma ley”, indicaron.
Agregan finalmente que “por ello toda limitación, o distorsión de su objeto; toda intromisión por sobre el consenso de las partes, y todo acto unilateral, infundado, y coercitivo sobre los derechos adquiridos, es un retroceso normativo, social, político e histórico para el conjunto de los trabajadores santacruceños”.


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