Caleta Olivia
Santa Cruz
Argentina
13/04/2018

POR DESVÍO DE FONDOS EN MINA DE RÍO TURBIO, PERO SÓLO CUANDO LO CONFIRME CASACIÓN
Roberto Baratta volverá a prisión

Buenos Aires
La sala II de la Cámara Federal también ordenó detener a dos directivos de la UTN Río Gallegos.
La Sala II de la Cámara federal porteña ordenó que Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido, vuelva a prisión. Pero el ex funcionario no irá preso hasta que la Cámara de Casación confirme la medida.
En esta oportunidad, es por la causa que investiga el desvío de fondos en la mina de carbón de Río Turbio (Santa Cruz).
El juez Luis Rodríguez lo había procesado junto a otros acusados pero sin prisión preventiva, pero ahora el fallo de la Cámara dio vuelta esta decisión. A su vez, los camaristas confirmaron los procesamientos.
Además, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia ordenaron la detención de Martín Goicochea (decano de la UTN Río Gallegos) y Hugo Sánchez (presidente de la Fundación de la universidad). También, se ordenó la prisión preventiva de Atanasio Pérez Osuna, que se encuentra detenido en otra causa conexa a la de Río Turbio.
Roberto Baratta había conseguido su libertad cuando la Sala I de la Cámara federal porteña dictó la falta de mérito en la causa donde el juez Claudio Bonadio lo procesó por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por la compra de buques de gas natural licuado.

Expediente
Pero ayer se ordenó su detención en otro expediente, que investiga maniobras defraudatorias vinculadas a la mina de carbón santacruceña.
Al diferir los jueces de la Sala II -Martín Irurzun y Eduardo Farah-, intervino el juez Leopoldo Bruglia (Sala I), quien acompañó el voto de Irurzun respecto a limitar la libertad ambulatoria de Baratta y ordenar su detención.
En este expediente, el juez Rodríguez procesó y dictó la prisión preventiva a Julio De Vido por defraudación al Estado, por el desvío de fondos vinculados a la mina de carbón de Río Turbio por 265 millones de pesos.
Tiempo después, indagó y procesó a Baratta, y en carácter de coautores de la defraudación, a Atanasio Pérez Osuna -actual intendente de la localidad santacruceña- y al decano de la UTN Santa Cruz, Martín Goicochea con un embargo de 250 millones de pesos cada uno.
El juez los acusó de “conformar y materializar un ilícito sistema de contrataciones”, que involucraron al ex ministerio de Planificación, a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), y la “tercerización de todas las obras a través de la Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC) de la UTN”.
Así, a través de una fundación vinculada a la Facultad se realizaron compras y contrataciones “de forma directa sin sujeción a las normas en materia de contrataciones públicas”.
A través de convenios, se materializaron “conductas criminales que originaron un perjuicio económico a las arcas del Estado Nacional”.
Los convenios celebraron fueron por 4.866 millones de pesos, “de los que se facturaron 1.380 millones”, de acuerdo a lo establecido por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Así, el perjuicio ocasionado al Estado en esta tramo de la causa fuie de 176 millones de pesos.
La obra puntual por la que se acusó a Roberto Baratta fue el convenio que tenía como fin el desarrollo del Tren Turístico Eva Perón, proyecto encabezado por el ex funcionario, según el expediente.
Para la obra hubo 66 Convenios Específicos para ejecutar distintas actividades para la “puesta en valor del Ramal Ferro Industrial Eva Perón”. El monto para este proyecto fue de casi 668 millones de pesos.
Fue otra obra inconclusa: “El 10 de octubre de 2015 se realizó un acto de inauguración parcial con la presencia, entre otros, de Goicoechea, Alvarez y Alicia Kirchner; y con posterioridad a ello no se continuó con la ejecución de las obras”, indicó Rodríguez.
Para evitar los controles legales, el juez consignó la herramienta utilizada fue el “fraccionamiento de los pedidos en convenios específicos que no superaran individualmente el límite máximo que el Interventor del YCRT podía decidir”.
El juez concluyó que en los convenios “no se respetó la normativa vigente y se burlaron los principios que rigen toda contratación con fondos públicos, lo que satisface el requisito típico del delito en cuestión”.


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