Caleta Olivia
Santa Cruz
Argentina
21/09/2017

PESE A LA CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE FORMAL PARA AVANZAR EN LA OBRA EN EL RÍO SANTA CRUZ
Sigue polémica por las represas

Foto gentileza diario Nuevo Día.

Buenos Aires
“La sociedad civil se pronunció con robustos fundamentos mayoritariamente en contra de este proyecto”, afirmó Cristian Fernández, asesor legal de la Coalición Río Santa
Cruz Sin Represas y parte del Estudio Sabsay Neimark Abogados.
“Los ministerios de Energía y Ambiente han decidido desoír lo expuesto en la audiencia pública”, sentenció y disparó una nueva polémica que vuelve a amenazar con detener la obra de las represas sobre el Río Santa Cruz,
La polémica quedó evidenciada ayer en un artículo del periodista especialista Ariel Alberto Neuman en donde expone que la resolución conjunta de los ministerios de Energía y Ambiente para avanzar con el proyecto hidroeléctrico generó reacciones encontradas; mientras sectores cuestionan la validez del proceso y advierten por el impacto irreversible en el ambiente.

Los pasos dados
Las posiciones son encontradas. Están los que esperan una millonaria inversión, acompañada por miles de puestos de trabajo y el fin de la recesión, al menos en lo que dure la obra. Por otra parte los ambientalistas insisten en que la audiencia y la resolución firmada por los Ministros fue simplemente un paso “burocrático” que obvió el verdadero impacto que tendrá la obra, desbastando el medio ambiente en el centro de la provincia y causando daños irreparables. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques habían promovido acciones contra el Estado nacional y la provincia de Santa Cruz por la omisión en la realización de los estudios de impacto ambiental (EIA).
En atención a la medida cautelar, el Estado nacional elaboró los estudios ambientales. (En cuanto a) la audiencia pública, fue celebrada en el Congreso el 20 de julio del 2017. Tuvo 117 expositores inscriptos.
Finalmente la Resolución Conjunta 3-E/2017 concluyó el proceso que estaba pendiente de cumplimiento con el objeto de obtener el levantamiento de la medida cautelar y así avanzar con la etapa de obras principales.

En contra y a favor
El director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, enfatizó que la resolución “de manera alguna implica dar la autorización directa para continuar la obra, dado que es la Justicia quien tiene la palabra ahora y tendrá que decidir si considera que hay elementos suficientes para levantar la medida cautelar dictada por la Corte Suprema (que ordenó detener la construcción de las represas) o se debe seguir sosteniendo la misma”.
Para el gobierno nacional y quienes están a favor del mega proyecto hídrico las adaptaciones técnicas realizadas al proyecto inicial (modificación en cantidad de turbinas y conexión al Sistema Argentino de Interconexión, SADI, principalmente) la convirtieron en viable y sustentable.
Señalan que el dictado de la Resolución Conjunta 3-E/2017, más la declaración de impacto ambiental de la autoridad ambiental provincial, “deberían tenerse por cumplidos todos los trámites necesarios para continuar con las obras”.
Pero, nuevamente los detractora señalan que “no se evaluó el impacto ambiental del tendido eléctrico de alta tensión en relación a las aves migratorias, el análisis de alternativas de proyectos, la evaluación ambiental estratégica prevista en la Ley de Glaciares, ni se completaron los relevamientos y campañas sobre la cuestión biológica.
En un articulo del diario el Cronista, se consigna también que desde FARN coinciden: El proyecto para la construcción de estas represas ha estado plagado de irregularidades desde el momento mismo de la licitación”, dicen. En su explicación aparecen tres licitaciones, los nombres Lázaro Báez y Cristóbal López, Electroingeniería y la afectación irreversible del Glaciar Perito Moreno. Por eso se llegó a la Corte Suprema, que había ordenado la paralización de la obra y una revisión integral del EIA, lo que incluía la realización de una audiencia pública. “Si bien ambas cuestiones ya fueron cumplidas, el EIA desarrollado por la empresa EIBISA, dependiente del Ministerio de Energía, es incompleto, inconsistente desde el punto de vista técnico y está hecho a medida para que se logre la aprobación del proyecto”, señalan

Empresas cuestionadas
Las firmas que van a desarrollar la obra, advierten desde FARN, son Electroingeniería, “sin ningún tipo de antecedentes en la construcción de represas”, y Gezhouba Group Corporation, “empresa china que ha sido sancionada por el Banco Mundial por su mala praxis en proyectos de agua, recuperación de áreas tras terremotos y gestión de inundaciones, y también vetada por el BID por prácticas fraudulentas”.
Desde Aves Argentinas acompañan el informe de la Coalición Río Santa Cruz Sin Represas, que resume los errores encontrados en el proyecto. Entre ellos: el EIA impugnado fue elaborado por EBISA, sociedad anónima de capital estatal cuya titularidad es del Ministerio de Energía (99%) y Nucleoeléctrica Argentina (1%). Su presidente, además, es el subsecretario de Energía Hidroeléctrica a cargo de la revisión del proyecto. “Los daños ambientales que ocasionará la obra no son susceptibles de mitigación ni compensación”, alerta la coalición. Son “permanentes e irreversibles”.

“La Ley General del Ambiente establece que, si bien las objeciones planteadas durante la audiencia pública no son vinculantes, el Estado tiene la obligación de publicar las críticas y brindar una respuesta fundada. La participación ciudadana ha sido vaciada de contenido por las autoridades” Cristian Fernández


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