Caleta Olivia
Santa Cruz
Argentina
30/08/2017

OMITIERON DEPOSITAR DESDE EL 2014 HASTA 2017 POR MÁS DE 9 MILLONES
Incumplió con pago de aportes y denuncian a Austral Construcciones

Buenos Aires
El fiscal federal y titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES), Gabriel de Vedia, formuló denuncia penal contra las autoridades de la firma Austral Construcciones S.A. por considerar que omitieron depositar los aportes de la obra social retenidos a sus empleados en el período comprendido entre febrero de 2014 y a abril del año en curso por un total de 9.802.820 pesos.
La investigación preliminar que desembocó en la denuncia penal se inició a partir de la recepción en la UFISES de los certificados de deuda emitidos por la Obra Social del Personal de la Construcción, a fin de ejecutar los montos debidos por la empresa.
A raíz del análisis de la documentación se pudo corroborar que la empresa investigada incumplió con el depósito de los aportes de obra social retenidos en forma ininterrumpida desde el año 2014.
En su presentación, que tendrá trámite ante el Juzgado Penal Económico N° 1, De Vedia recordó que en nuestro país se estableció el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) a través del decreto 2284/91.
Explicó que este esquema, considerado en sentido amplio, está integrado por cuatro componentes: el subsistema previsional (SIPA); el subsistema de Asignaciones Familiares (ley 24.714); el subsistema de Desempleo (ley 24.013), el subsistema de Riesgos del Trabajo (ley 24.557), y el subsistema de Salud Nacional (leyes 23.660 y 23.661).

Empresa
El incumplimiento de la empresa “implica un serio obstáculo para que el Subsistema de Salud Nacional pueda cumplir con sus objetivos y, consecuentemente, pone en riesgo el acceso a prestaciones médicas acordes por parte de toda la comunidad”, denunció De Vedia.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, indicó el fiscal, el Estado está obligado a brindar las prestaciones médicas a todos los habitantes de la República. Sin embargo, delega dicha imposición en las obras sociales y en otros organismos vinculados a la salud, manteniendo vigente su carácter de responsable subsidiario.
Para garantizar las prestaciones previstas, el Sistema Nacional del Seguro de Salud cuenta entre otros recursos con una contribución a cargo del empleador equivalente al cinco por ciento (5 por ciento) de la remuneración de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia y con un aporte a cargo de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia equivalente al tres por ciento (3 por ciento) de su remuneración.
De Vedia señaló que “los aportes a la obra social que realiza el empleado como la contribución que debe cumplir el empleador cumplen una función primordial en lo que refiere al financiamiento de prestaciones de salud”.
En este sentido, explicó que la disminución de este tipo de recursos causada por la falta de depósito del agente de retención puede acarrear consecuencias disvaliosas para todos los miembros de la comunidad afectados por una situación de enfermedad, especialmente los sectores más vulnerables.
El fiscal añadió que el Estado, en virtud de las prescripciones contenidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los distintos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional que postulan la necesidad de garantizar el pleno goce del derecho humano fundamental a la salud, debe velar por el sostenimiento económico a largo plazo del Subsistema de Salud Nacional, evitando aquellas conductas ilícitas que afectan los fondos destinados a brindar prestaciones médicas.
Al respecto, de Vedia recordó que “el incumplimiento de la obligación legal de depósito de los aportes a la obra social que pesa sobre los agentes de retención, amén de constituir un supuesto de responsabilidad penal, implica un serio obstáculo para que el Subsistema de Salud Nacional pueda cumplir con sus objetivos y, consecuentemente, pone en riesgo el acceso a prestaciones médicas acordes por parte de toda la comunidad”.

La firma habría cometido el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social durante más de tres años por un monto cercano a los 10 millones de pesos.


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