Caleta Olivia
Santa Cruz
Argentina
19/07/2017

EL FALLO SE CONOCIÓ AYER, PERO LOS GREMIOS SE NIEGAN A LEVANTAR LAS MEDIDAS
Un resolución judicial ordena a los maestros “volver a las aulas”

Caleta Olivia y Río Gallegos
El Juez Diego Lerena resolvió hacer lugar al reclamo impulsado por el vocal de padres del Consejo Provincial de Educación (CPE) Juan Manuel Canale, para que los docentes retoman las clases. La medida se presentó mediante un escrito en el Juzgado de Lerena, y derivó en un dictamen de la Defensoría del Menor, que se fundamentaba en garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes.
Si bien el magistrado había llamado a una audiencia para que las partes se pusieran de acuerdo, ese encuentro del 27 de junio no logró componer la situación, que además se fu agravando hasta llegar al incumplimiento por parte de los maestros afiliados a ADOSAC; para suspender el receso y recuperar días perdidos
En este contexto, ayer el Juez resolvió ordenar a ADOSAC y a AMET el “cese inmediato de las medidas de fuerza en la modalidad en que se vienen desarrollando y que afectan de modo directo el normal dictado de clases”. En el mismo fallo, se intima al gobierno provincial y al CPE que se “garanticen la continuidad de las negociaciones paritarias”
Sobre las paritarias, el magistrado también dispuso obligar a las partes a que concurran. El juez Lerena dio un plazo intimatorio de diez días para que su fallo sea cumplido mientras se pone en condiciones todos los establecimientos educativos de la provincia.
En cuanto a los reclamos que son el origen del conflicto, el magistrado también aborda el tema salarial y le prohibió al gobierno que descuente los días de paro”, y negociar “hasta el agotamiento de la negociación y conciliación colectiva”.

Detalles
El fallo, conocido ayer también hace un análisis de la situación financiera de la provincia, y considera que la dureza de los reclamos gremiales y la adopción de medidas de acción directa que, ante la falta de acuerdo, “se tornan en irrazonables y excesivas en su modalidad, por su duración y permanencia en el tiempo y, por sobre todas las cosas, por el perjuicio directo que ocasiona al alumnado”.
Para dejar en claro su postura el juez consideró existe “una compartida responsabilidad tanto del Estado provincial como de las asociaciones gremiales” en la extensión del conflicto que en definitiva solo perjudica “severamente” a los estudiantes. Además califica de “obstinadas” las “posturas incapaces de conducirse por la vía de la negociación”, para poner fin al conflicto.

El Juez pide a el CPE avance en la titularización de cargos, “a fin de garantizar la efectiva prestación del servicio educativo y el inicio del ciclo lectivo 2017”.


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